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Motines, fugas y muertes bajo investigación: ¿Qué está pasando en las cárceles dominicanas?
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Por Itzel Olivo.
Santo Domingo.- En pocos meses, distintos centros penitenciarios del país han sido escenario de riñas, motines, fugas, intentos de escape, decomisos de drogas y celulares, internos heridos y muertes que han generado cuestionamientos sobre la situación del sistema penitenciario dominicano.
Una fuga durante un partido de baloncesto. Cuatro internos heridos después de una requisa. Un condenado lesionado en un supuesto intento de escape. Una madre denunciando que su hijo murió luego de haber sido golpeado dentro de una cárcel. Drogas, celulares, riñas y operaciones de seguridad que terminan en enfrentamientos.
En menos de una semana, varios episodios ocurridos entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026 volvieron a colocar las cárceles dominicanas bajo escrutinio.
No todos los hechos tienen el mismo origen ni pueden atribuirse a una única causa. Tampoco existe hasta ahora un balance público consolidado que permita afirmar estadísticamente que los motines o fugas aumentaron en 2026 frente a años anteriores.
Pero la sucesión de acontecimientos sí pone sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿qué está pasando dentro del sistema penitenciario dominicano?
La respuesta comienza mucho antes de los incidentes recientes.
Una cárcel para 16,000 personas con más de 25,000 internos
Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras
Una cárcel para 16,000 personas con más de 25,000 internos
Uno de los principales problemas ha sido reconocido por la propia Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC): las cárceles están recibiendo muchas más personas de las que pueden alojar.
En mayo, el director del organismo, Roberto Santana, informó que había 25,878 privados de libertad, de los cuales 16,950 se encontraban en prisión preventiva. Semanas después situó la población alrededor de 25,200 internos para una capacidad penitenciaria aproximada de 16,000 personas.
Esto significa que la capacidad nominal del sistema está excedida en más de 9,000 personas. Pero el problema no es únicamente de espacio.
Con cerca de 17,000 presos preventivos, alrededor de dos de cada tres personas recluidas todavía no habían recibido una condena definitiva de un tribunal, de acuerdo con las cifras suministradas por las propias autoridades. Santana ha señalado el uso de la prisión preventiva y la lentitud de los procesos judiciales entre las principales causas de la saturación.
La presión termina trasladándose a prácticamente todo: alimentación, vigilancia, atención médica, transporte hacia los tribunales, alojamiento, programas educativos y capacidad del personal para mantener el control.
Santana llegó a calificar esa cantidad de preventivos como una situación que compromete la operatividad de los centros y obliga a movilizar diariamente decenas de vehículos para trasladar reclusos a audiencias.
Los últimos días encendieron las alarmas
Uno de los episodios recientes ocurrió en el CCR-XII La Isleta, en Moca, la noche del 27 de agosto.
Según la versión oficial, agentes penitenciarios intervinieron uno de los módulos después de labores de inteligencia. Durante la requisa encontraron sustancias ilícitas y teléfonos inteligentes.
Ocho privados de libertad se resistieron al procedimiento y lanzaron objetos contra el personal. Las autoridades utilizaron una escopeta de perdigones para restablecer el control y cuatro internos resultaron con heridas calificadas como leves.
Inicialmente circularon versiones que hablaban incluso de una persona fallecida y una situación de mayor gravedad, pero esas afirmaciones no fueron respaldadas por el posterior informe oficial. Por esa razón, no deben presentarse como hechos confirmados.
Prácticamente al mismo tiempo, otro incidente ponía en duda las condiciones de seguridad de un recinto diferente.
En la Fortaleza Juana Núñez de Salcedo, un interno conocido como “La Rabia” escapó presuntamente mientras participaba junto a otros reclusos en una actividad de baloncesto.
Las informaciones preliminares señalan que aprovechó la actividad deportiva para saltar una pared próxima al área de la cocina. El Ejército y otros organismos desplegaron un operativo para localizarlo.
Hasta las últimas informaciones públicas verificadas para este reportaje, no se había anunciado oficialmente su recaptura.
Incluso la identidad completa del fugitivo ha sido publicada de manera contradictoria por distintos medios —Christopher Núñez en unos reportes y Juan Núñez en otro—, muestra de por qué todavía se requiere una explicación oficial detallada sobre el episodio.
A principios de septiembre se agregó el caso del CCR-15 Cucama, en La Romana.
Bryan Joseph Guerrero, alias “Daniel”, condenado a 20 años de prisión por la muerte de una adolescente, resultó herido en una pierna durante un supuesto intento de fuga. Al momento de elaborar este reportaje no se habían ofrecido públicamente detalles oficiales suficientes que permitieran establecer cómo se produjo la lesión.
Son episodios diferentes, pero plantean la misma interrogante: cómo un condenado logra escapar de un recinto y cómo otro consigue avanzar lo suficiente en un supuesto intento de fuga para que se produzca un incidente en el que termina lesionado.
La DGSPC atribuye los recientes incidentes a una ofensiva contra la corrupción
Ante los recientes acontecimientos, N Digital contactó a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales para conocer la posición de la institución.
En una nota de prensa remitida a este medio el viernes 4 de septiembre, la DGSPC aseguró que los hechos recientes se producen en medio de una “lucha campal” contra la corrupción dentro del sistema penitenciario.
La institución señaló que las requisas, motines e incidentes de resistencia registrados recientemente evidencian la confrontación que mantiene con personas privadas de libertad y otras personas que, según sus investigaciones, estarían vinculadas a estructuras de corrupción dentro de las cárceles.
La DGSPC sostuvo que esta problemática tiene un carácter histórico y estructural, por lo que, afirmó, su desarticulación no puede lograrse de un día para otro.
Según la institución, la ofensiva incluye acciones contra internos, familiares y personal penitenciario que sean detectados participando en actividades de corrupción o intentando introducir drogas y otros objetos ilícitos a los centros.
La Dirección informó que continuará realizando requisas, decomisos, sometimientos judiciales y medidas administrativas y disciplinarias contra quienes sean identificados en estas prácticas.
La institución también aseguró que mantendrá el seguimiento al comportamiento del personal penitenciario con el objetivo de sanear la estructura “área por área y centro por centro”.
De acuerdo con la nota remitida a N Digital, durante el primer semestre de 2026 las exclusiones de nómina, sometimientos a la justicia y apresamientos de personal penitenciario señalado por corrupción superaron el medio centenar. La DGSPC indicó que estas acciones continuarán durante el segundo semestre.
La institución vinculó además el control penitenciario con los procesos de rehabilitación. Afirmó que la educación y el trabajo dentro de las cárceles solo pueden desarrollarse adecuadamente cuando las autoridades legítimas mantienen el control de los centros.
En ese sentido, dejó establecida su posición de que no permitirá que personas privadas de libertad ejerzan autoridad sobre directores o comandantes.
La DGSPC agregó que continuará desmontando las estructuras de corrupción que, según sostiene, operan dentro de los centros y que los disturbios organizados por estas serán enfrentados por las autoridades.
Esta explicación oficial coloca la corrupción y la disputa por el control interno de los centros penitenciarios como uno de los elementos que, según la institución, ayuda a explicar los recientes motines y otros incidentes.
Sin embargo, estos señalamientos corresponden a la posición de la DGSPC y no permiten, por sí solos, establecer que todos los episodios recientes tengan un mismo origen.
Las Parras, símbolo de la reforma, también enfrenta problemas
El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras tiene un significado especial. Fue concebido como la instalación que permitiría cerrar progresivamente la histórica y sobrepoblada Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Los primeros internos comenzaron a ser trasladados en noviembre de 2025. En julio de este año fue habilitado el segundo cuadrante, con capacidad para unos 2,400 reclusos adicionales y una meta operativa de alrededor de 4,800 internos en los primeros dos cuadrantes.
Para entonces ya habían sido llevados desde La Victoria unos 2,550 privados de libertad.
Sin embargo, el nuevo recinto no ha estado libre de tensiones.
El 6 de junio ocurrió allí un motín luego de que las autoridades detectaran el intento de introducir sustancias narcóticas durante una jornada de visitas.
La DGSPC informó posteriormente de 12 internos con lesiones leves y cuatro traslados a centros hospitalarios, mientras se suspendieron temporalmente las visitas ordinarias y se reforzaron las medidas de seguridad.
El caso llegó posteriormente a los tribunales. A la mujer detenida se le atribuyó intentar introducir 131.46 gramos de cocaína y 20.74 gramos de marihuana.
Santana vinculó entonces parte de las tensiones con el proceso de adaptación de internos trasladados desde La Victoria. Según explicó, algunos estaban acostumbrados a un entorno en el que podían conseguir drogas y encontraron en Las Parras controles mucho más estrictos.
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Esa explicación es significativa porque evidencia que trasladar a los reclusos a una infraestructura moderna no elimina automáticamente las dinámicas desarrolladas durante años dentro del sistema penitenciario.
Una muerte abre nuevas interrogantes
Las Parras volvió al centro de la atención esta semana por la muerte de Juan Carlos Peralta, de 30 años.
Su madre denunció públicamente que había encontrado a su hijo en silla de ruedas y con aparentes signos de golpes días antes de enterarse de su fallecimiento. También aseguró que otro interno le dijo que Peralta había vomitado sangre.
La denuncia llevó a la DGSPC a anunciar una investigación. La versión institucional es diferente. Según el organismo, Peralta fue trasladado mediante una unidad del 911 al Hospital Municipal Elvira Echavarría Viuda Castillo, donde murió mientras recibía asistencia.
El certificado emitido por el centro de salud atribuyó el fallecimiento a un accidente cerebrovascular, infarto agudo y fallo multiorgánico.
Por ahora, no está demostrado públicamente que la muerte haya sido causada por golpes.
Lo confirmado es que existe una denuncia familiar que cuestiona las circunstancias anteriores al fallecimiento y una investigación anunciada por la autoridad penitenciaria.
Esa diferencia resulta fundamental: una investigación periodística responsable no puede convertir una denuncia en una causa de muerte establecida hasta que existan resultados forenses o conclusiones oficiales que la sustenten.
La violencia no comenzó en agosto
La cadena de incidentes viene de meses atrás. El 15 de abril, cuatro privados de libertad resultaron heridos durante una riña en el CCR El Pinito, en La Vega. La DGSPC cerró los módulos y confinó a los internos mientras investigaba el origen del enfrentamiento.
Apenas ocho días después, cinco internos protagonizaron otra riña en Najayo Hombres, en San Cristóbal. Dos resultaron lesionados y tres fueron aislados temporalmente. Las autoridades atribuyeron preliminarmente el episodio a disputas internas.
En junio, familiares de internos del CCR Rafey, en Santiago, denunciaron agresiones dentro del recinto.
Entre ellas, la madre de un joven de 21 años aseguró que su hijo había sido atacado por otros presos y que sufrió una lesión arterial que requirió dos operaciones.
Se trató de denuncias familiares y no de conclusiones oficiales sobre el funcionamiento general del penal.
Ese mismo mes, un recluso preventivo fue encontrado muerto en el CCR Beller de Dajabón, mientras familiares reclamaron esclarecer las circunstancias y determinar si había recibido atención médica adecuada.
Los casos no prueban por sí solos que exista una causa común. Pero muestran que las tensiones alcanzan tanto recintos antiguos como instalaciones pertenecientes al denominado modelo correccional.
Drogas, celulares y una corrupción que la propia autoridad describe como sistémica
Otro elemento atraviesa buena parte del problema: el control de lo que entra y ocurre dentro de las cárceles.
Las requisas han seguido encontrando celulares y sustancias ilícitas. En Moca, precisamente, el decomiso de esos objetos antecedió al incidente que terminó con cuatro internos lesionados.
En Las Parras, el intento de introducir drogas desencadenó el motín de junio. Pero el problema no se limita a familiares o reclusos. En mayo, Roberto Santana calificó la corrupción dentro del sistema penitenciario como “sistémica”.
Informó entonces que 52 miembros del personal penitenciario estaban bajo investigación, algunos sometidos a la justicia y otros encarcelados.
Según explicó, las irregularidades involucran a internos, familiares y parte de los servidores del propio sistema, e incluyen complicidades para introducir drogas y conceder privilegios.
La declaración oficial es importante porque rompe con la idea de que todo lo que sucede dentro de una cárcel comienza y termina con la conducta de los privados de libertad.
Cuando sustancias, teléfonos u otros objetos prohibidos logran llegar hasta los módulos, la pregunta no debe ser únicamente quién los utiliza, sino también cómo atravesaron los controles.
Dos sistemas que todavía conviven
República Dominicana se encuentra además en medio de una transformación penitenciaria que todavía no concluye.
Mientras funcionan Centros de Corrección y Rehabilitación concebidos bajo criterios de rehabilitación, educación y mayor control institucional, permanecen instalaciones antiguas vinculadas a fortalezas policiales y militares.
El Gobierno desarrolla un plan plurianual para construir y sustituir decenas de recintos.Las autoridades han señalado que 19 nuevas instalaciones servirán para reemplazar cárceles que todavía funcionan en dependencias militares o policiales.
Durante 2026 se han iniciado, entre otros, proyectos de nuevos CCR en Hato Mayor y Bonao, mientras continúa el traslado progresivo de La Victoria hacia Las Parras.
La fuga ocurrida en la Fortaleza de Salcedo ejemplifica precisamente una de las debilidades que la reforma busca eliminar: instalaciones que originalmente no fueron construidas con los estándares de una penitenciaría moderna.
Pero los motines de Las Parras y Moca muestran el otro lado del desafío: la infraestructura nueva, por sí sola, tampoco garantiza orden.
Se necesitan controles, personal capacitado, inteligencia penitenciaria, tratamiento de adicciones, vigilancia sobre la corrupción y mecanismos eficaces de rehabilitación.
La salud mental, otra presión dentro de los muros
A la sobrepoblación y la seguridad se suma un problema menos visible.
En junio, las autoridades incorporaron a nueve universidades a programas destinados a ofrecer asistencia psicológica y fortalecer la salud mental, rehabilitación y reinserción de los más de 25,000 privados de libertad.
La iniciativa surgió en un contexto de insuficiente cobertura psicológica dentro del sistema penitenciario. El dato cobra importancia después de que la propia DGSPC relacionara algunas tensiones en Las Parras con internos provenientes de entornos donde existía consumo frecuente de drogas.
Controlar físicamente a un preso dependiente de sustancias puede impedirle consumir, pero no sustituye un programa clínico de tratamiento de adicciones y salud mental.
Entonces, ¿qué está pasando?
Lo ocurrido durante los últimos meses no permite afirmar que las cárceles dominicanas estén en una rebelión generalizada ni que el Estado haya perdido el control de todo el sistema.
Pero tampoco son episodios que deban observarse de manera aislada. Detrás de ellos existe un sistema con más de 9,000 internos por encima de su capacidad nominal, casi 17,000 presos preventivos, una corrupción que su propio director describe como sistémica, una reforma institucional inconclusa y centros que deben manejar simultáneamente seguridad, adicciones, convivencia, salud física, salud mental y rehabilitación.
A esto se suma la posición expresada por la DGSPC en su comunicación del 4 de septiembre: la institución sostiene que enfrenta estructuras de corrupción penitenciaria y que los recientes motines y actos de resistencia se producen, en parte, dentro de esa confrontación.
Aun así, las interrogantes permanecen.
¿Cómo escapó un interno mientras participaba en un juego de baloncesto?
¿Cómo siguen apareciendo celulares y drogas dentro de recintos vigilados?
¿Qué ocurrió realmente antes de la muerte de Juan Carlos Peralta?
¿Qué falló en el supuesto intento de fuga en La Romana?
¿Y qué medidas se están tomando para impedir que las riñas se conviertan en episodios mayores?
La construcción de nuevas cárceles puede aliviar el hacinamiento y eliminar instalaciones obsoletas, pero la crisis penitenciaria dominicana tiene dimensiones que no se solucionan únicamente levantando paredes más altas.
El verdadero desafío es conseguir que dentro de ellas exista control institucional, transparencia, seguridad, atención adecuada y rehabilitación.
Los sucesos de 2026 muestran que esa transformación está todavía en proceso.
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