Economia
Más de 700 vehículos exonerados a iglesias y RD$416 millones en sacrificio fiscal
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Santo Domingo.– Un reportaje de N Investiga, de Nuria Piera, revela que 711 vehículos fueron importados por instituciones religiosas bajo el régimen de exoneraciones fiscales entre 2021 y 2025, con un valor conjunto superior a RD$960 millones y un sacrificio fiscal para el Estado dominicano de más de RD$416 millones.
El trabajo periodístico examina qué organizaciones recibieron estos beneficios, qué tipo de vehículos fueron importados y cuáles controles existen para garantizar que las unidades sean utilizadas para los fines que justificaron la exoneración.
La investigación surge luego de unas declaraciones ofrecidas recientemente por el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, quien cuestionó el uso de vehículos de alta gama por parte de organizaciones religiosas.
“Si es para rezar, en ese caso, ¿para qué necesita una Mercedes-Benz una ONG?”, planteó Urrutia.
Las declaraciones motivaron a N Investiga a indagar cuáles organizaciones estaban relacionadas con este tipo de beneficios. Tras solicitudes de información mediante el mecanismo de libre acceso, la Dirección General de Aduanas finalmente entregó los datos que permitieron analizar las exoneraciones concedidas durante los últimos cinco años.
¿CÓMO FUNCIONAN LAS EXONERACIONES?
El régimen de exoneraciones para las instituciones religiosas no opera de la misma manera para todas las organizaciones.
En el caso de la Iglesia Católica, parte de estas exenciones tiene como fundamento el Concordato suscrito en 1954 entre República Dominicana y la Santa Sede, un acuerdo cuyo impacto económico para el Estado dominicano también fue abordado por N Investiga en un reportaje publicado en febrero de este año.
La investigación recordó que en 2006 la entonces Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado asignó recursos a la Conferencia del Episcopado Dominicano para la adquisición de vehículos destinados a obispos de distintas provincias.
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Entre las unidades adquiridas figuraron una Toyota Hilux doble cabina, valorada entonces en US$33,900, para monseñor Benito Ángeles; una Toyota Prado, valorada en US$43,275, para monseñor José Dolores Grullón Estrella, y un Toyota Corolla, valorado en US$19,300, para el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.
En el caso de las iglesias evangélicas, las solicitudes pasan por el Servicio Social de Iglesias Dominicanas, institución que mantiene un contrato con el Estado suscrito en 1972 y ratificado por el Congreso, mediante el cual se reconocen exenciones fiscales.
Desde mediados de la década de 2000, esta entidad recibe las solicitudes de exoneración de las iglesias evangélicas y las valida antes de que sean remitidas al Ministerio de Hacienda.
Las organizaciones deben cumplir determinados requisitos para ser reconocidas y acceder al beneficio. Sin embargo, la investigación plantea una pregunta central: ¿qué factores determinan la aprobación de una exoneración?
El tipo de vehículo, su valor y el uso que tendrá forman parte del debate, especialmente porque entre las 711 unidades aparecen vehículos destinados al transporte colectivo, pero también yipetas, camionetas y vehículos de valores.
MÁS DE RD$416 MILLONES QUE EL ESTADO DEJÓ DE PERCIBIR
Los datos obtenidos por N Investiga establecen que durante el período analizado el Estado dejó de percibir más de RD$416 millones en impuestos por las exoneraciones otorgadas a instituciones religiosas.
El año 2024 concentró la mayor cantidad de operaciones, con 200 vehículos y un sacrificio fiscal de RD$124.1 millones.
En 2025 fueron importados 134 vehículos, frente a los 86 registrados en 2021.
En total, 298 organizaciones religiosas fueron favorecidas durante los cinco años analizados.
Cinco instituciones concentraron alrededor del 30 % del sacrificio fiscal, encabezadas por la Iglesia de Dios Incorporada, que recibió exoneraciones para 76 vehículos, equivalentes a un promedio de 15 unidades por año y un sacrificio fiscal de RD$43.4 millones.
Entre esos vehículos aparecen unidades de la marca Mercedes-Benz, precisamente el tipo de automóvil que motivó los cuestionamientos iniciales del director de Impuestos Internos.
Una Mercedes-Benz GLE 350, modelo 2017, fue valorada en más de RD$1.2 millones, mientras que el Estado dejó de percibir unos RD$508,685 en impuestos.
También figura una Mercedes-Benz GLA 250, modelo 2019, valorada en alrededor de RD$1.1 millones, con un sacrificio fiscal de aproximadamente RD$499,000.
La investigación plantea entonces otra interrogante: ¿para qué utiliza la Iglesia de Dios Incorporada una flota de 76 vehículos importados bajo exoneración y quiénes los utilizan?
El director ejecutivo del Servicio Social de Iglesias Dominicanas, Lorenzo Mota King, defendió el volumen de solicitudes y explicó que debe tomarse en cuenta la cantidad de congregaciones que tiene cada organización.
Según Mota King, una institución con miles de iglesias puede solicitar varias exoneraciones al año sin que ello represente necesariamente un uso excesivo del beneficio.
EL LÍMITE DE LOS US$30,000
Mota King también explicó que el régimen contempla un criterio relacionado con el valor del vehículo.
Según su explicación, las organizaciones no pueden recibir la exoneración completa cuando el vehículo supera los US$30,000, a menos que el interesado cubra la diferencia correspondiente.
La medida busca evitar que el beneficio fiscal cubra íntegramente vehículos cuyo valor exceda ese límite.
El funcionario aseguró además que existen controles para verificar el uso de las unidades y que quienes reciben una exoneración deben firmar una declaración jurada mediante la cual se comprometen a utilizar el vehículo exclusivamente para el propósito declarado.
Mota King sostuvo que no tiene conocimiento de casos recientes en los que esos vehículos hayan sido utilizados para fines diferentes a los autorizados.
LAS UNIDADES DE MAYOR VALOR
Los registros también muestran que no solo las organizaciones evangélicas recibieron vehículos de alto valor.
La Iglesia de Dios Incorporada importó una Toyota Tundra 2023, valorada en más de RD$3.27 millones, y una Toyota Highlander 2024, con un valor superior a RD$2.6 millones.
Entre las organizaciones evangélicas también figura el Concilio de Iglesias Cristianas Habacuc, beneficiado con una Kia Telluride 2024, valorada en aproximadamente RD$2.74 millones.
Después de la Iglesia de Dios Incorporada, la Unión Asociación Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día fue la segunda organización más beneficiada individualmente, con 70 vehículos y alrededor de RD$40 millones en sacrificio fiscal.
En tercer lugar, aparece el Obispado de San Francisco de Macorís, con 35 vehículos y RD$23.9 millones en impuestos dejados de percibir.
Le sigue la Diócesis de San Juan de la Maguana, con 19 vehículos y RD$12.6 millones, mientras que la Diócesis de Mao-Montecristi ocupa el quinto lugar, con 15 vehículos y RD$8.6 millones en sacrificio fiscal.
LA IGLESIA CATÓLICA CONCENTRA LA MAYOR PARTE DEL BENEFICIO
Aunque algunas iglesias evangélicas aparecen entre las organizaciones individuales con mayor cantidad de vehículos exonerados, los datos agregados muestran que la Iglesia Católica concentra la mayor cantidad de unidades y recursos dejados de percibir por el Estado.
Durante el período 2021-2025, las instituciones católicas importaron 459 vehículos, asociados a un sacrificio fiscal de RD$276.3 millones.
Las iglesias evangélicas, en cambio, importaron 252 vehículos, con un sacrificio fiscal de RD$140.2 millones.
Entre las instituciones católicas que aparecen con mayor número de unidades figuran el Obispado de San Francisco de Macorís, la Diócesis de San Juan de la Maguana y la Diócesis de Mao-Montecristi.
El vehículo de mayor valor registrado entre las 711 unidades fue una Chevrolet Tahoe 2023, importada por el Arzobispado de Santo Domingo, con un valor declarado de aproximadamente RD$3.52 millones.
También aparecen dos Toyota Land Cruiser Prado, modelo 2026, importadas para la Diócesis de Barahona, con un valor individual de RD$2,604,144.
EL CASO DEL PRINCIPAL BENEFICIARIO
La investigación también aborda la situación del máximo representante nacional de la Iglesia de Dios Incorporada, el obispo Juan Tiburcio Pérez, quien ocupa esa posición desde 2022 y supervisa, según el reportaje, más de mil congregaciones y sus respectivos ministros en el país.
N Investiga señala que Pérez también fue cuestionado recientemente por aparecer en la nómina del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) correspondiente a mayo de 2026, con el cargo de Supervisor de Mantenimiento en Nagua y un salario mensual de RD$20,000.
Según informaciones difundidas por medios de comunicación, también habría figurado anteriormente en la nómina del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.
Estas situaciones son presentadas en la investigación como elementos que requieren explicaciones sobre el manejo de recursos y beneficios vinculados a instituciones religiosas.
N Investiga solicitó una entrevista con el obispo Juan Tiburcio Pérez, máximo representante de la organización que encabeza el listado de beneficiarios, pero al momento de la publicación permanecía a la espera de respuesta.
EL DEBATE SOBRE EL SACRIFICIO FISCAL
Para Lorenzo Mota King, el monto dejado de percibir por el Estado debe analizarse en el contexto de la labor social que realizan las iglesias.
El funcionario consideró que se trata de un beneficio relativamente pequeño frente al trabajo comunitario que desarrollan las organizaciones religiosas.
Sin embargo, el concepto de sacrificio fiscal corresponde precisamente a los recursos que el Estado deja de recaudar como consecuencia de una exención o exoneración tributaria.
Por eso, más allá del monto individual de cada vehículo, los datos plantean interrogantes sobre la eficiencia del mecanismo y la capacidad de fiscalización del Estado.
Los registros muestran que en cinco años fueron 711 vehículos, valorados en más de RD$960 millones, los que ingresaron bajo este régimen, mientras que el Estado dejó de percibir más de RD$416 millones.
La discusión no se limita, por tanto, a cuánto dinero deja de recaudar el Estado. También alcanza a determinar si los vehículos beneficiados cumplen efectivamente con el propósito para el cual fueron solicitadas las exoneraciones.
El régimen nació como un mecanismo para facilitar actividades que el Estado considera de interés social. Pero los datos recopilados por N Investiga, de Nuria Piera, muestran que el beneficio también alcanza vehículos de considerable valor.
El desafío para las autoridades está en determinar si los controles existentes garantizan que cada unidad exonerada sea utilizada exclusivamente para los fines autorizados.
Porque cuando un vehículo funciona como herramienta para el trabajo religioso, pero también puede convertirse en un vehículo de uso cotidiano de un pastor, sacerdote o representante de una organización, la frontera entre el servicio institucional y el beneficio personal puede resultar difícil de fiscalizar.
Tomado de Ndigital.
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