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Nueva Ley de contrataciones amplía controles en compras públicas, y trae sanciones contra la corrupción conozca cuales.
Santo Domingo.– Entró en vigencia ayer miércoles la Ley de Contrataciones Públicas núm. 47-25, una normativa que introduce un régimen más estricto de sanciones penales y administrativas para prevenir y castigar prácticas ilícitas en los procesos de compras y contrataciones del Estado dominicano.
Promulgada en julio de 2025, la ley establece penas de hasta 10 años de prisión para funcionarios públicos, legisladores, proveedores y cualquier persona que incurra en conductas como manipulación de licitaciones, colusión, tráfico de influencias, adjudicación fraudulenta de contratos o uso indebido de información privilegiada.
Entre las disposiciones más relevantes, la legislación contempla condenas de cuatro a diez años de cárcel y multas de entre 100 y 200 salarios mínimos del sector público para los casos de soborno en contrataciones estatales. Asimismo, los funcionarios que violen el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado enfrentarán penas de dos a cinco años de prisión, mientras que la falsedad en declaraciones juradas para participar como proveedor será sancionada con hasta tres años de cárcel.
La normativa también prevé sanciones para quienes utilicen su influencia con fines particulares o en beneficio de terceros, incluyendo multas económicas e inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período mínimo de cinco años.
Responsabilidad para empresas y personas jurídicas
La Ley 47-25 introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo la imposición de multas que van desde 500 hasta 5,000 salarios mínimos del sector público. En los casos más graves, se contempla incluso la clausura definitiva de establecimientos, mediante sentencia firme.
Más facultades de supervisión
Con la entrada en vigor de esta legislación, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) fortalece su rol institucional, al contar con mayores atribuciones para supervisar, auditar y sancionar irregularidades, así como para exigir la publicación detallada y oportuna de todos los procesos de compras y adjudicaciones.
El alcance de la ley se extiende a todos los poderes del Estado, incluyendo el Legislativo, el Judicial en sus funciones administrativas, los órganos constitucionales autónomos, los fideicomisos públicos y las empresas estatales.
Compras más transparentes e inclusivas
La normativa dispone el uso obligatorio de plataformas electrónicas, incorpora mecanismos como la subasta inversa electrónica y los acuerdos marco, y reserva una cuota de las compras públicas para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para negocios liderados por mujeres, con mayores facilidades de anticipo para incentivar su participación.
Con la derogación de la Ley 340-06, el Estado dominicano establece un nuevo marco legal orientado a fortalecer la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
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