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Santo Domingo

¡AH, PERO ESTO ES UN RELAJO! Miles de funcionarios siguen sin declarar sus bienes pese a advertencias

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Funcionarios públicos dominicanos señalados por incumplir la declaración jurada de patrimonio

SANTO DOMINGO. Miles de funcionarios y exfuncionarios públicos continúan sin presentar sus declaraciones juradas de patrimonio, pese a las advertencias del presidente Luis Abinader y las sanciones contempladas en la legislación dominicana para quienes incumplen esta obligación.

Los registros de la Cámara de Cuentas reflejan que la situación alcanza a autoridades municipales, legisladores, representantes del sistema judicial, diplomáticos y directivos de distintas instituciones estatales. Mientras tanto, las propias autoridades reconocen dificultades para ejecutar algunas de las medidas establecidas por ley.

Entre los datos más relevantes figuran 3,960 funcionarios electos reportados como omisos en registros que se remontan a diciembre de 2020, así como más de 2,000 servidores públicos cuyos salarios han sido suspendidos desde ese año por no cumplir con la presentación de sus declaraciones.

Las advertencias presidenciales no han detenido el incumplimiento

En agosto de 2020, apenas 11 días después de asumir la Presidencia, Luis Abinader advirtió que los funcionarios que no presentaran su declaración jurada de bienes serían suspendidos hasta cumplir con esa responsabilidad y posteriormente podrían ser destituidos.

«Nosotros esperamos que todos nuestros funcionarios lo van a hacer en esa fecha, pero si algún funcionario no lo hace estará suspendido hasta que entregue la declaración jurada de bienes», expresó entonces el mandatario.

La advertencia se tradujo en suspensiones de varios funcionarios, aunque el proceso también enfrentó dificultades técnicas que llevaron a la Cámara de Cuentas a extender el plazo de presentación hasta finales de septiembre de ese año.

En junio de 2025, el presidente volvió a reclamar el cumplimiento de la legislación y planteó la necesidad de establecer consecuencias más severas.

«Ellos tienen que cumplir la ley, sencillamente se tiene que cumplir la ley sí o sí», manifestó Abinader durante una edición de La Semanal.

Sin embargo, los registros oficiales examinados muestran que el incumplimiento continúa.

Alcaldías, Congreso e instituciones públicas entre los señalados

Los datos con corte al 31 de agosto de 2026 muestran que la situación se extiende a diferentes áreas de la administración pública.

En el ámbito municipal aparecen 1,066 funcionarios pendientes de declarar, entre alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores y vocales de ayuntamientos y juntas distritales.

En el sistema judicial figuran dos jueces de paz, 21 procuradores fiscales y 18 procuradores de corte que no habían presentado sus declaraciones.

La situación también alcanza al Congreso Nacional. Los documentos incluyen cinco exsenadores y 14 exdiputados que dejaron sus funciones sin cumplir con esta responsabilidad, además de cuatro representantes del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Entre las instituciones públicas mencionadas aparecen 15 integrantes del Consejo de Directores del Banco de Reservas, cuatro del Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex) y 18 funcionarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Otro grupo de 545 funcionarios reportados como omisos incluye gobernadoras, embajadores, cónsules, directores, subdirectores y viceministros.

La declaración jurada de patrimonio permite conocer los bienes, las deudas y otros componentes de la situación económica de los servidores públicos. Su propósito es facilitar la fiscalización y detectar posibles variaciones patrimoniales que no se correspondan con los ingresos legítimos.

Más de 2,000 salarios suspendidos y pocos procedimientos disciplinarios

La viceministra de Administración Pública, Grey Peña, informó que desde 2020 más de 2,000 servidores públicos han tenido sus salarios suspendidos por no presentar sus declaraciones juradas.

No obstante, reconoció que el Ministerio de Administración Pública no ha registrado procedimientos disciplinarios por esa causa durante el período al que hizo referencia.

«Nosotros en la experiencia que tenemos aquí no hemos tenido todavía ningún procedimiento disciplinario por la no presentación», explicó.

Peña indicó que los procedimientos corresponden a las autoridades de cada institución y que, cuando involucran a funcionarios de alto nivel, pueden requerirse actuaciones adicionales para recomendar su desvinculación.

Uno de los principales obstáculos aparece cuando un funcionario abandona el cargo sin haber cumplido con la declaración. En esos casos, ya no existe un salario que pueda ser retenido, aunque bajo determinadas circunstancias pueden adoptarse medidas sobre derechos laborales pendientes de pago.

Por su parte, Francisco Franco, integrante del pleno de la Cámara de Cuentas, explicó que la legislación establece un plazo de 30 días calendario para presentar la declaración jurada al asumir o dejar un cargo.

El incumplimiento puede constituir una falta administrativa de tercer grado y dar lugar a sanciones como la retención del salario o la destitución, dependiendo de las circunstancias y del procedimiento correspondiente.

Sin embargo, Franco señaló que las autoridades electas tienen un régimen especial y no pueden ser destituidas sin un procedimiento de juicio político.

También mencionó que algunos ayuntamientos y organismos autónomos administran directamente sus nóminas, lo que dificulta la aplicación de las retenciones salariales.

Buscan facilitar la presentación de las declaraciones

Franco explicó que la Cámara de Cuentas ha simplificado su plataforma digital, reduciendo los campos requeridos para facilitar la presentación de las declaraciones juradas. Además, indicó que se realizan jornadas de orientación en distintas regiones del país.

En paralelo, el Ministerio de Administración Pública trabaja en la implementación del Sistema Integral de Servicio Civil (SIS), con el objetivo de automatizar las notificaciones sobre la entrada de funcionarios a sus cargos y fortalecer la coordinación con la Cámara de Cuentas y la Tesorería Nacional.

La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y las disposiciones sobre función pública establecen consecuencias para quienes incumplen esta obligación. Entre ellas figuran la suspensión sin disfrute de sueldo y la destitución, según corresponda. Para determinadas faltas de tercer grado también se contempla la inhabilitación para trabajar en el Estado durante cinco años.

A pesar de las advertencias, las suspensiones salariales y los mecanismos legales disponibles, los registros continúan mostrando numerosos casos pendientes, incluidos funcionarios que ya dejaron sus puestos.

El panorama vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿de qué sirven las advertencias y las sanciones establecidas por ley si miles de funcionarios siguen sin cumplir con su obligación de transparentar su patrimonio?

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