Santo Domingo
Ética comprueba falta del exdirector del ITLA, respalda su destitución y sugiere ampliar sanciones.
Santo Domingo.– La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) respaldó la destitución del exdirector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Feliz García, y recomendó que se inicie un proceso disciplinario adicional contra Winston Paulino, actual director de gabinete de esa institución.
La decisión se produce luego de una investigación especial realizada por la DIGEIG y la Unidad Antifraude, a raíz de una denuncia divulgada en un programa de investigación periodística, donde se señalaba que empleados del ITLA habrían realizado aportes económicos para financiar el movimiento político “Jóvenes por el Cambio”, vinculado al entonces titular de la entidad.
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Conclusiones del informe
De acuerdo con el informe núm. DISD-ESP-2026-0001, la entidad dirigida por Milagros Ortiz Bosch determinó que, aunque los servidores públicos entrevistados indicaron que las contribuciones eran voluntarias, la existencia de un mecanismo organizado de recaudación dentro de una institución pública con fines políticos vulnera el principio de imparcialidad que debe regir la función pública.
El documento señala que este tipo de práctica constituye una falta administrativa grave, al comprometer la integridad institucional y contravenir los deberes éticos establecidos en la Ley 41-08 sobre Función Pública.
En ese sentido, la DIGEIG considera que existen elementos suficientes para que el Ministerio de Administración Pública (MAP) inicie el procedimiento disciplinario correspondiente, tanto contra Rafael Feliz García —quien ya fue destituido mediante el Decreto 39-26 emitido por el presidente Luis Abinader en enero de 2026— como contra Winston Paulino, señalado como principal impulsor de la práctica dentro del ITLA.
Recomendaciones institucionales
El órgano rector en materia de ética también recomendó adoptar medidas preventivas para evitar la repetición de situaciones similares, fortaleciendo los mecanismos de control interno y promoviendo el cumplimiento estricto de los principios de transparencia e imparcialidad en la administración pública.
El informe enfatiza que las conductas observadas resultan incompatibles con los deberes legales y éticos exigidos a los servidores públicos y que las posibles sanciones administrativas deberán ser determinadas conforme al marco normativo vigente.
Con esta decisión, la DIGEIG reafirma su rol de supervisión y vigilancia del cumplimiento de las normas éticas en el Estado, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas continúan siendo temas de alto interés para la ciudadanía.
