Santo Domingo
Vuelven a aplazar audiencia contra fiscal Aurelio Valdez tras recusación a jueza del caso
Santo Domingo.– Por tercera ocasión fue aplazado este viernes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por presuntamente intentar sobornar a un testigo del Ministerio Público vinculado al caso SeNaSa.
La audiencia no pudo desarrollarse luego de que la defensa del imputado, encabezada por el abogado Albert Delgado, presentara una recusación contra la jueza Ysis B. Muñiz Almonte, presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, designada para conocer el proceso.
Los representantes legales del fiscal alegaron que la magistrada habría tenido participación previa en la etapa investigativa, específicamente al autorizar diligencias como el allanamiento y la operación en la que, según las autoridades, se utilizó dinero marcado.
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Ministerio Público cuestiona recusación
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la recusación como una acción improcedente y aseguró que los argumentos presentados por la defensa ya eran conocidos desde audiencias anteriores.
Camacho sostuvo que la decisión de recusar a la jueza constituye, a su juicio, una maniobra procesal para retrasar el conocimiento del caso, y reiteró que el Ministerio Público mantiene su solicitud de prisión preventiva contra el imputado.
Asimismo, explicó que el proceso queda ahora a la espera de que la Suprema Corte de Justicia conozca y decida sobre la recusación presentada por la defensa.
“Una vez la Suprema emita su decisión, el tribunal continuará con el conocimiento de la audiencia, ya sea con esta jueza o con otra que sea designada”, indicó el funcionario.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el Ministerio Público sostiene que el fiscal Valdez Alcántara habría sostenido un encuentro el pasado día 13 con una persona identificada como Canaán, en el parqueo de Plaza Lama, ubicado en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Winston Churchill, en el Distrito Nacional.
Según la acusación, durante ese encuentro el imputado habría utilizado información sobre vínculos personales y propiedades del testigo para establecer presión y proponerle alterar el curso de un proceso judicial a cambio de beneficios económicos.
El expediente indica que, presuntamente, el fiscal habría solicitado la suma de US$200,000, además de un vehículo de lujo marca Mercedes Benz y otros bienes.
El Ministerio Público sostiene que, tras negociaciones, se habría acordado la entrega de US$150,000 y un vehículo, lo que dio lugar a un operativo de seguimiento para documentar la presunta entrega del dinero.
Según las autoridades, este operativo contó con la participación de miembros policiales y fiscales adscritos a unidades especiales, quienes habrían documentado los hechos que ahora forman parte de la investigación.
El proceso judicial continúa en espera de la decisión que adopte la Suprema Corte de Justicia respecto a la recusación, paso necesario para reanudar el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.
