Opinion
Tecnología y Justicia en República Dominicana.
Por Carlos Julio Féliz Vidal.
El sistema judicial dominicano ha dado un paso importante en la descongestión burocrática, al incorporar tecnología digital en la recepción y despacho de documentos, y en la interacción de lo que ocurre en las salas de audiencias con los despachos secretariales de los tribunales y las oficinas de los abogados.
He visto con agrado como al salir de una audiencia que se aplaza, la información registrada por la auxiliar del tribunal mientras se conoce el caso, es referida al sistema y de éste se envía como recordatorio a los abogados registrados en el sistema.
La prontitud de esos trámites redundan en beneficio de los usuarios del sistema, facilitan la unidad y coherencia entre el despacho y la gestión judicial y reafirma el reconocimiento auxiliar de los abogados en el sistema de justicia.
La Justicia, como cualquier otra actividad humana importante, se apoya en la tecnología para ser más eficaz.
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La incorporación de inteligencia artificial para ayudar en los trabajos de los jueces en campos donde las soluciones son meramente repetitivas, como ocurre, por ejemplo, en las sentencias que acogen divorcios por mutuo consentimiento o por incompatibilidad de caracteres, entre otras muchas especies, podría ser sólo cuestión de tiempo que se tenga disponible, siempre que se tome el ciudado de dotar a los algoritmos que se utilicen de una base lo suficientemente racional que no obren con discriminación y que reafirmen las reglas del debido proceso, al tiempo de que el sistema pueda retroalimentarlos con los precedentes que puedan modificar algún canon en los modelos de fallos habituales.
La tecnología no es extraña a la Justicia, su manejo prudente, su incorporación progresiva ha demostrado su utilidad creciente en República Dominicana.
Me permito felicitar al Poder Judicial y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y, en su persona, a todos los servidores judiciales, que hacen posible la marcha de una esfera del Gobierno de la Nación en quién se pone la delicada tarea constitucional «de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».
