Nacional
Sin protocolos establecidos ni Alerta Amber, persisten vacíos en la búsqueda de menores desaparecidos en el territorio nacional
Santo Domingo.– La desaparición de niños y adolescentes en la República Dominicana continúa evidenciando debilidades estructurales en los mecanismos de respuesta, marcadas por la ausencia de un protocolo unificado y de un sistema de alerta temprana que permita actuar con rapidez en las primeras horas, consideradas clave para la localización con vida de un menor.
Especialistas y organizaciones vinculadas a la protección de la niñez advierten que la falta de procedimientos claros, la desinformación y la reacción tardía dificultan los procesos de búsqueda, exponiendo a las familias a largos periodos de angustia e incertidumbre. Ante este panorama, se impulsa un proyecto de ley que propone la implementación de la Alerta Amber en el país.
La iniciativa plantea la creación de un sistema de notificación inmediata que permita difundir, de manera simultánea, información relevante sobre menores desaparecidos a través de teléfonos móviles, medios de comunicación, correos electrónicos, plataformas digitales y señalizaciones en vías públicas, con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la localización oportuna.
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La Alerta Amber surgió en Estados Unidos en 1996, tras el secuestro y asesinato de la niña Amber Hagerman, y desde entonces se ha consolidado como un mecanismo de respuesta rápida ante casos de secuestro infantil con riesgo inminente. Actualmente, el sistema funciona en los 50 estados estadounidenses, así como en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y más de 30 países, bajo criterios estrictos para evitar su uso indiscriminado.
Datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que, hasta mayo de 2020, cerca de 988 menores fueron recuperados gracias a la activación de este sistema, lo que refuerza su efectividad como herramienta de protección infantil.
En contraste, cifras de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade) señalan que entre junio de 2022 y febrero de 2025 se registraron más de 2,200 casos de personas desaparecidas sin resolver en el país, una realidad que mantiene en alerta a familiares y defensores de derechos humanos.
Mientras el debate sobre la implementación de la Alerta Amber avanza a paso lento, expertos coinciden en que la protección de la niñez requiere acciones concretas, coordinación interinstitucional y voluntad política, a fin de cerrar los vacíos existentes y fortalecer la respuesta del Estado ante la desaparición de menores.
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