Politica
Santos Badía es designado como nuevo ministro de Mescyt y Geraldo Espinosa es designado contralor general
Los nombramientos fueron establecidos mediante el Decreto 84-26 del Poder Ejecutivo
Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso nuevas designaciones en instituciones estratégicas del Estado mediante el Decreto núm. 84-26, como parte de ajustes en la administración pública.
La disposición presidencial nombra a Rafael Evaristo Santos Badía como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), cargo que asume tras desempeñarse como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).
Santos Badía es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE) y técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU. Además, posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como en Relaciones Internacionales por la UTE.
Cuenta con una amplia trayectoria en los ámbitos educativo, legislativo y sindical. Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados y participó en el Plan Decenal de Educación. Asimismo, ha sido miembro de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial.
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El decreto también designa a Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República. Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD y posee estudios de posgrado en Tributos Internos, una maestría en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, además de un MBA en Administración de Negocios con concentración en Operaciones por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
El nuevo contralor acumula más de 24 años de experiencia en el sector público, con énfasis en áreas de control, gestión financiera y supervisión del gasto estatal.
La disposición presidencial deja sin efecto decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su aplicación, conforme a las atribuciones del Poder Ejecutivo.
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