Santo Domingo
QUE DICE AMNISTÍA: Legisladores rechazan informe de Amnistía Internacional y lo califican de injerencista sobre situación en República Dominicana
Santo Domingo.– Legisladores cuestionaron el más reciente informe presentado por la Amnistía Internacional, al considerar que contiene afirmaciones alejadas de la realidad nacional y que representa una injerencia en asuntos internos del país.
El pronunciamiento se produce en momentos en que el nuevo Código Penal dominicano se aproxima a su entrada en vigencia, normativa que fue objeto de observaciones dentro del documento titulado “La situación de los derechos humanos en el mundo”, elaborado por la organización internacional.
El informe retoma señalamientos realizados previamente sobre la República Dominicana, incluyendo cuestionamientos a disposiciones del Código Penal, entre ellas la prohibición total del aborto, así como otras medidas que la entidad considera regresivas en materia de derechos humanos.
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Ante estas observaciones, congresistas dominicanos defendieron la legislación aprobada, asegurando que el nuevo marco penal fortalece la protección de sectores vulnerables, especialmente mujeres y niños. Asimismo, sostuvieron que las conclusiones del informe no reflejan la realidad del país ni el alcance de las políticas públicas implementadas.
El documento también incluye críticas al protocolo hospitalario aplicado a inmigrantes haitianos en centros de salud públicos, señalando que estas medidas podrían generar temor y limitar el acceso a servicios médicos.
Sin embargo, legisladores afirmaron que dichos planteamientos carecen de fundamento y reiteraron que el sistema sanitario dominicano continúa brindando atención médica sin discriminación, tal como establecen las normativas vigentes.
De igual forma, el informe aborda preocupaciones relacionadas con procesos de deportación y denuncias de presunta discriminación racial, aspectos que, según la organización, evidencian desafíos estructurales en materia de derechos humanos.
Mientras tanto, autoridades dominicanas reiteraron su compromiso con el respeto a las leyes nacionales y la protección de los derechos fundamentales, destacando que cualquier evaluación externa debe considerar el contexto y las políticas implementadas en el país.
