Nacional
Movimiento social valora el freno puesto por el presidente Abinader a proyecto Romero y pide formalización mediante decreto
SANTO DOMINGO.– El Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida expresó su respaldo a la decisión del presidente Luis Abinader de suspender de manera inmediata las actividades vinculadas al proyecto minero Romero, en la provincia San Juan, tras el rechazo manifestado por diversos sectores.
Rubén Moreta, vocero del colectivo, indicó que la organización espera que la medida sea oficializada a través de un decreto presidencial, con el propósito de garantizar su cumplimiento y alcance.
“Confiamos en que esta disposición sea formalizada para asegurar que no solo el proyecto Romero, sino cualquier iniciativa extractiva en la Cordillera Central, sea revisada conforme al interés nacional”, señaló.
Califican decisión como resultado del reclamo social
El dirigente sostuvo que la disposición representa un logro para las comunidades, al considerar que responde a un proceso de movilización ciudadana. “Es una señal de que la voz de la población ha sido tomada en cuenta en temas de alto impacto”, afirmó.
Moreta reiteró que la provincia de San Juan tiene una vocación agrícola, por lo que diversos sectores han defendido la preservación de sus recursos naturales frente a proyectos de explotación minera.
- Conep cuestiona suspensión del proyecto Romero y aboga por procesos basados en evidencia

- Movimiento social valora el freno puesto por el presidente Abinader a proyecto Romero y pide formalización mediante decreto

Marcha marcó punto de inflexión
La reacción del movimiento se produce un día después de una manifestación que reunió a cientos de personas en San Juan de la Maguana en rechazo al proyecto. La organización calificó la jornada como significativa dentro del escenario social de la provincia.
Por su parte, el presidente Abinader explicó que la decisión se sustenta en lo establecido por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual establece que proyectos de alto impacto no deben avanzar cuando enfrentan una oposición social considerable.
La medida se inscribe en un contexto donde las discusiones sobre desarrollo, medio ambiente y participación ciudadana han cobrado mayor relevancia en el país.















