Internacional
Ministerio Público español cierra expediente contra Julio Iglesias al declararse sin competencia
Madrid.– La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España dispuso el archivo de la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias, al determinar que los hechos denunciados no pueden ser investigados por la justicia española debido a la falta de jurisdicción territorial.
La acción legal fue interpuesta por dos ex empleadas domésticas que trabajaron en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. En la denuncia se alegaban presuntos abusos laborales, trata de personas y agresiones sexuales, hechos que, según el Ministerio Público, habrían ocurrido fuera del territorio español.
Tras abrir diligencias preliminares, la Fiscalía concluyó que no se cumplen los requisitos legales que permitirían a la Audiencia Nacional asumir el caso, pese a que el intérprete posee nacionalidad española. En ese sentido, el órgano persecutor aclaró que el archivo responde únicamente a una cuestión de competencia legal y no implica una evaluación sobre el contenido ni la veracidad de las acusaciones.
La denuncia fue depositada el pasado 5 de enero con el acompañamiento de la organización internacional Women’s Link Worldwide. En el documento también se mencionaba a varias personas encargadas de las propiedades del cantante, señaladas como presuntas colaboradoras en los hechos que, según las denunciantes, habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en el Caribe.
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El caso salió a la luz pública el 13 de enero, tras una investigación periodística realizada por ElDiario.es y Univisión Noticias, medios que indicaron haber intentado obtener la versión del artista y de otras personas mencionadas, sin respuestas sustanciales.
Las denunciantes, identificadas con nombres ficticios para preservar su identidad, expresaron haber vivido situaciones de vulnerabilidad y solicitaron medidas de protección ante la Fiscalía, alegando temor por su seguridad y estabilidad emocional. No obstante, hasta el momento no se ha informado si presentarán acciones legales ante las autoridades judiciales de los países donde supuestamente ocurrieron los hechos.
Con esta decisión, el expediente queda cerrado en España, mientras permanece abierta la posibilidad de que el caso sea conocido en otras jurisdicciones, conforme a las leyes locales correspondientes.
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