Santo Domingo
Detenciones ilegales: denuncian que ciudadanos permanecen semanas presos sin ser llevados ante un juez
Defensa Pública advierte que se viola de forma reiterada el plazo constitucional de 48 horas para someter a los detenidos ante la justicia
SANTO DOMINGO.– La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) denunció que en el país persisten casos de personas que permanecen detenidas durante semanas e incluso más de un mes en destacamentos policiales sin ser presentadas ante un juez, en violación al plazo de 48 horas establecido en la Constitución de la República.
El artículo 40, numeral 5, de la Constitución dominicana dispone que toda persona privada de libertad debe ser presentada ante la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas posteriores a su detención o, de lo contrario, ser puesta en libertad.
No obstante, la institución afirma que esa garantía constitucional continúa siendo vulnerada por las autoridades, al mantenerse personas recluidas en cuarteles sin que exista un proceso judicial en su contra.
Uno de los casos más recientes fue el de Miguel Antonio Valenzuela, quien falleció en un centro de salud luego de permanecer cinco días detenido en un destacamento policial de San Cristóbal.
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A este caso se sumó la situación de 13 personas que permanecían detenidas de manera ilegal en los destacamentos del ensanche Felicidad y del sector Vietnam, en Los Mina, provincia Santo Domingo, quienes recuperaron su libertad tras una acción de hábeas corpus presentada por las defensoras públicas Edilenny Morel y Yuleidy Figuereo.
Según informó la Defensa Pública, durante una inspección se comprobó que en ambos destacamentos había 16 personas privadas de libertad, de las cuales 13 llevaban más de un mes detenidas sin haber sido presentadas ante un juez ni contar con solicitudes de medidas de coerción depositadas ante el tribunal correspondiente.
Durante la audiencia, el propio Ministerio Público informó que, tras revisar sus registros, no encontró evidencia de solicitudes de medidas de coerción ni de actuaciones procesales relacionadas con los detenidos, por lo que no presentó oposición al recurso de hábeas corpus.
Tras evaluar los hechos, el tribunal acogió la acción constitucional y ordenó la libertad inmediata de las 13 personas, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales y el debido proceso.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que ningún ciudadano puede permanecer privado de libertad sin ser sometido al control de un juez y reiteró que la institución continuará actuando frente a cualquier detención arbitraria o violación de derechos constitucionales.
Asimismo, anunció que la Defensa Pública mantendrá una vigilancia permanente sobre las condiciones de detención en destacamentos policiales y centros de privación de libertad, con el propósito de prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
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