Internacional
España anuncia regularización extraordinaria para más de medio millón de inmigrantes en situación irregular
Madrid.– El Gobierno de España acordó con el partido Podemos la puesta en marcha de un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a más de 500,000 inmigrantes indocumentados que ya residen en territorio español, una medida orientada a garantizar derechos básicos y fortalecer la inclusión social, de acuerdo con informaciones oficiales difundidas este lunes.
Según lo establecido, la regularización no requerirá la aprobación del Congreso y estará dirigida a personas extranjeras que puedan demostrar que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025, que hayan residido en el país por al menos cinco meses y que no cuenten con antecedentes penales relevantes. El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio.
Para acreditar su permanencia en el país, las autoridades aceptarán diversos documentos, entre ellos certificados de empadronamiento, comprobantes de envíos de remesas, billetes de transporte, constancias de citas médicas, informes de asistencia a servicios sociales o contratos de alquiler. Con la presentación de la solicitud, quedarán suspendidas las órdenes de expulsión y los procedimientos de retorno derivados de faltas administrativas o de trabajo sin autorización.
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La medida tiene especial relevancia para la comunidad dominicana, ya que República Dominicana figura entre los 20 principales países de origen de inmigrantes en España. Actualmente, residen en ese país europeo 201,162 personas de origen dominicano, equivalentes al 2 % de la población extranjera y al 3 % de los nacionales procedentes de los principales países emisores de migrantes.
Irene Montero, secretaria política de Podemos, señaló que la iniciativa responde a una demanda social amplia y reiteró que el acceso a documentos legales representa un paso esencial para garantizar condiciones dignas de vida y protección jurídica a la población migrante.
De acuerdo con lo informado, una vez admitida la solicitud, los beneficiarios recibirán una autorización de residencia provisional, que les permitirá trabajar legalmente y acceder a servicios esenciales, incluida la atención sanitaria. En caso de aprobación definitiva, se otorgará un permiso de residencia por un año, con opción posterior a una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
El acuerdo es resultado de una movilización ciudadana respaldada por más de 700,000 firmas, en el marco de una Iniciativa Legislativa Popular que fue aprobada en el Congreso español con 310 votos a favor y 33 en contra. Las autoridades y promotores de la medida consideran que este proceso contribuirá a reducir la economía informal, prevenir la explotación laboral y mejorar la convivencia social en España.
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