Barahona
Ministerio Público busca que se confirme condena contra red de tráfico de migrantes desmantelada en Barahona
Solicitan mantener penas de hasta 15 años de prisión a exempleados de Migración y otros implicados en la Operación Iguana
Barahona.– El Ministerio Público solicitará a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona que ratifique la sentencia que condena a penas de 10 y 15 años de prisión a varios integrantes de una red de tráfico ilícito agravado de migrantes, desarticulada mediante la denominada Operación Iguana.
El órgano acusador pidió al tribunal de alzada rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas y confirmar en todas sus partes la decisión emitida en primera instancia por el Tribunal Colegiado de Jimaní. Dicha sentencia impone 10 años de cárcel a Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de la Dirección General de Migración (DGM), y al inspector Johan Rosario Castillo, así como 15 años de prisión a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán.
Además de las penas privativas de libertad, la sentencia establece el pago de una multa equivalente a 150 salarios mínimos para cada uno de los condenados.
Leer más aquí:
- Dos muertos y un herido tras choque múltiple en el cruce Las Salinas–Cristóbal
- Herramientas de IA amplían su alcance en el sector salud con soluciones especializadas
- Colapso en apartamento de París deja 20 personas heridas durante una actividad privada
Las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de la Procuraduría Regional de Barahona, explicaron que la solicitud busca reafirmar la sanción contra delitos que afectan de manera directa a personas en condiciones de alta vulnerabilidad, en su mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes.
La audiencia fue aplazada por los jueces Joselin Moreta, Wanda Deñó y Santa Kenia Pérez Féliz para el próximo lunes 29 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, debido a la ausencia de dos abogados de la defensa.
La Operación Iguana fue ejecutada en 2022 mediante nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, logrando desmantelar una estructura criminal que utilizaba la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones. Durante el proceso fueron ocupados vehículos, pasaportes de ciudadanos extranjeros, dinero en efectivo, documentos y un arma de fuego.
De acuerdo con el expediente, la red recurría a amenazas, chantajes y privaciones de libertad para exigir pagos a las víctimas, incurriendo además en secuestros y otros delitos conexos. Los procesados enfrentan cargos por violaciones a múltiples leyes, incluyendo la normativa sobre tráfico ilícito de migrantes, secuestro, armas de fuego, delitos tecnológicos y protección de niños, niñas y adolescentes.
SOBRE EL AUTOR
