Tribunal Constitucional desmonta intento del Congreso Nacional de impedir las revelaciones y críticas a eventuales candidatos corruptos

Tribunal Constitucional anula el artículo 284 de la Ley Electoral que penalizaba con prisión de 10 a tres años a los ciudadanos que denunciaran a los malos candidatos.

Por: Francisco González

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El deseo de los senadores y diputados del cuestionado Congreso Nacional de la República Dominicana para tratar de impedir que los ciudadanos denuncien y revelen los hechos de corrupción cometidos por eventuales candidatos a cargos de elección popular en las próximas elecciones ha sido desmontado por el Tribunal Constitucional, el cual ha establecido que es inconstitucional el Artículo 284, numeral 18 de la Ley Electoral.

Ese artículo de la cuestionada Ley Electoral establecía condenas de 10 y tres años contra los ciudadanos que revelaran los actos de corrupción cometidos por los candidatos, que podrían ser incluso actuales diputados y senadores aspirantes a la reelección, así como funcionarios y exfuncionarios.

El Artículo 284, numeral 18 de la Ley Electoral establecía: “Serán castigados con penas de 3 a 10 años de prisión los que violen las normas constitucionales, éticas y legislativas sobre el uso de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, elaborando, financiando, promoviendo o compartiendo campañas falsas o denigrante con piezas propagandísticas y contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la intimidad de candidatos o del personal de las candidaturas internas u oficiales de los partidos, movimientos, o agrupaciones participantes en los procesos electorales”.

El Tribunal Constitucional acogió un recurso elevado por la Fundación Prensa y Derecho que preside el jurista y catedrático de Derecho Constitucional, Namphi Rodríguez, para que fuera anulado el citado artículo de la Ley Electoral, porque vulnera el derecho de los ciudadanos a denunciar y a revelar los actos dolosos que hayan cometido eventuales candidatos presidenciales, vicepresidenciales, alcaldes, diputados, senadores, concejales, presidentes y directores de juntas municipales.

“En este caso la Ley 15-19 de Régimen Electoral, había ideado un tipo penal que se puede describir como una verdadera mordaza a la libertad de expresión, porque criminalizaba hasta con 10 años de reclusión a las personas que pudieran emitir juicios que afectaran candidatos políticos”, había expresado Namphi Rodríguez.

Este experto en Derecho Constitucional destaca que quienes participan en la política, y ocupan puestos estatales deben ser observados y cuestionados por los ciudadanos que observen conductas antisociales.

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Francisco González

Periodistas de la República Dominicana